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El senador brasileño Delcídio Amaral, ex jefe de la bancada oficialista en la Cámara alta, detenido a fines de noviembre por su participación en el petrolão, indicó que tanto la presidenta Dilma Rousseff como el ex mandatario Luiz Inacio Lula da Silva estaban al tanto del esquema de coimas y sobrefacturación dentro de Petrobras.
Amaral, del Partido de los Trabajadores (PT), apuntó que Dilma usó su poder para evitar el castigo de corruptos y corruptores al designar para el Supremo Tribunal de Justicia a un juez que se comprometió a votar a favor de liberar a los empresarios arrestados por haber sobornado a directivos de Petrobras y a políticos oficialistas a cambio de contratos con la petrolera estatal.
Y acusó a Lula de actuar personalmente para bloquear las investigaciones judiciales al ordenar el pago de dinero para intentar comprar el silencio de testigos de la multimillonaria trama de corrupción en Petrobras.
El jueves, cuando el Supremo Tribunal Federal (STF) decidió procesar por corrupción al presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, principal impulsor del impeachment de la presidenta en el Congreso, se conoció el supuesto acuerdo negociado con la justicia por un senador oficialista arrepentido de participar de la red de sobornos en Petrobras, que involucró directamente en el escándalo a Dilma y a su antecesor y padrino político.
Según reveló la revista Istoé, que obtuvo copias del acuerdo de delación premiada negociado entre la Procuraduría General de la República y Amaral, que desde el 19 de febrero cumple prisión domiciliaria. La revista aclaró que el documento, de unas 400 páginas, aún no había sido aceptado por el Supremo Tribunal Federal (STF), que cuestionó una cláusula de confidencialidad exigida por el defenestrado senador petista.
De todas formas, la noticia cayó como una bomba en el Palacio del Planalto. Dilma llamó de inmediato a una reunión de su núcleo político para analizar cómo reaccionar, mientras la administración se veía aturdida. Es la primera vez que uno de los arrepentidos del petrolão apunta directamente contra la presidenta, y quien lo hizo es un político que tuvo total acceso a los gobiernos del PT, indicó el diario La Nación.
Por su parte, el Instituto Lula señaló en un comunicado: "El ex presidente Lula jamás participó, directa o indirectamente, de ninguna ilegalidad, sea en los hechos investigados por la Operación Lava Jato o en cualquier otro, antes, durante o después de su gobierno".
Desde la oposición, aprovecharon la noticia para volver a pedir la salida de Dilma. Ya el año pasado la presidenta enfrentó un proceso de impeachment en el Congreso por haber manipulado la contabilidad oficial, pero fue salvada a último momento por la intervención del STF, y ahora tiene su campaña de reelección en 2014 en investigación en el Tribunal Superior Electoral, por presuntos abusos de poder político y económico, entre ellos el supuesto financiamiento ilegal con desvíos del petrolão.
Irónicamente, ayer mismo Dilma vio cómo su peor enemigo, el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, ferviente promotor de su juicio político, fue procesado en el STF por corrupción pasiva y lavado de dinero. Cunha, uno de los 38 legisladores que estaban en investigación por su participación en el petrolão, deberá demostrar ahora cómo obtuvo cinco millones de dólares que fueron descubiertos en cuentas secretas en Suiza y que él había negado.
Aunque el proceso en el STF tomará tiempo, es probable que la decisión de los jueces de la máxima corte brasileña empuje el sumario que Cunha tiene abierto en el Consejo de Ética de Diputados por el mismo asunto. Si sus pares coincidieran en que Cunha faltó al decoro parlamentario, perdería su cargo y la inmunidad, concluyó el citado matutino.