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Petróleo: ley para abandono
La ley se propone porque la producción petrolera "requiere que se adopten medidas racionales y eficientes para garantizar un ambiente sano y equilibrado para el desarrollo humano y las actividades productivas, sin comprometer las generaciones futuras".
"Las medidas de adecuado abandono de pozos hidrocarburíferos son fundamentales para el cuidado de los terrenos superficiarios y evitar la contaminación por filtraciones de fluidos de las formaciones a los acuíferos, y las aguas superficiales", indicaron los legisladores, destacando que su proyecto contribuye "a preservar la sustentabilidad de los ecosistemas relacionados con la actividad hidrocarburífera".
Cuando un pozo de extracción es improductivo o llega al término de su vida útil, se debe cerrar y este proyecto gira en ese sentido, buscando respetar políticas públicas de protección integral del ambiente y es "simplemente un aspecto de la planificación del desarrollo de estas nuevas actividades hidrocarburíferas en el territorio provincial, en el cual trabajaremos arduamente y con un alto compromiso social", agregaron.
Los diputados advirtieron que algunas ciudades ya tienen problemas por la consecuencias de la explotación petrolera como Comodoro Rivadavia, que "tiene unos 2.400 pozos abandonados que no cumplen con las exigencias hoy vigentes, y hay reportes de brotes de petróleo debajo de casas y escuelas por ejemplo, y los niveles de contaminación son altos. Es importante evitar esas situaciones en La Pampa".
La legislación
La iniciativa está basada en la Resolución 05/96 de la Secretaría de Energía de Nación. Los diputados indicaron que la ley provincial 1914 establece los principios de preservación y defensa del ambiente en La Pampa, junto al decreto reglamentario 458/05, pero refieren sólo al abandono definitivo de pozos, y "no se hace alusión a otros casos como el abandono temporario".
"Estamos así dándole jerarquía de ley a una cuestión muy sensible, y adecuamos esa normativa, mejorando los mecanismos de control al darle mayores atribuciones a la Secretaría de Hidrocarburos en cuanto a la valoración de las condiciones que motivan un cierre y a la cuantificación de las multas por incumplimientos", agregaron.
"Se ha previsto un acortamiento de plazos para la evaluación de los mismos con el objeto de reducir especulaciones. Pues, los pasivos ambientales son muy grandes y los costos de reparación muy elevados y las empresas concesionarias si son escasamente controladas y obligadas normativamente difícilmente cumplan adecuadamente sus deberes", agregaron.